Los embarazos adolescentes en México —además de ser un asunto de salud pública, pues implica un alto riesgo para la salud de la madre y de su bebé— representan un problema con secuelas sociales graves: en la gran mayoría de los casos, las jóvenes cambian radicalmente su proyecto de vida, enfrentan un entorno desfavorable en el núcleo familiar, padecen la pérdida de sus amistades y comprometen sus posibilidades de continuar con su formación escolar, todo esto con consecuencias de orden psicológico.

Desde la perspectiva internacional y local, las cifras de organismos multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef); dependencias nacionales como el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (inegi) y de instrumentos como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, sitúan a México como una nación con una de las tasas más altas de adolescentes embarazadas.

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